Inmigración y derecho penal

Aunque los sistemas de inmigración y penal son dos entidades distintas, están estrechamente relacionados. Esto se debe a que aproximadamente el 70 por ciento de las detenciones del ICE se producen después de que un inmigrante sale en libertad de una cárcel local o de una prisión estatal. Además, las condenas penales pueden tener consecuencias graves para su caso de inmigración. Pueden afectar a su capacidad para evitar la deportación o ser puesto en libertad bajo fianza mientras espera que su caso sea visto por un juez de inmigración. Por estas razones, es esencial comprender la relación entre estos dos sistemas separados.

Cuando la policía detiene a alguien, sus huellas dactilares se introducen en las bases de datos nacionales. El ICE revisa estas bases de datos para identificar a las personas sin ciudadanía que cree que se encuentran ilegalmente en el país o cuyo estado legal podría ser anulado en función de los cargos penales que se les imputan. Si el ICE tiene pruebas de que una persona no tiene un estado legal válido en el país, aplicará una “detención”, solicitando que la cárcel retenga a la persona durante 48 horas para que el ICE tenga tiempo de ponerla bajo custodia. La “detención” ordenada por el ICE (también conocida como “orden”) se explica más detalladamente abajo.

Si nunca ha tenido contacto con funcionarios de inmigración, es posible que el ICE no pueda utilizar sus huellas dactilares para determinar si tiene estado legal en este país. En este caso, el ICE a menudo realizará entrevistas telefónicas o en persona en la cárcel para determinar si tiene un estado legal válido en este país. No está obligado a contestar durante estas entrevistas.

Como se ha indicado anteriormente, el ICE suele realizar entrevistas telefónicas o en persona en las cárceles locales para determinar si las personas tienen estado legal. El objetivo de estas entrevistas es obtener pruebas que justifiquen la “detención” de una persona para que el ICE pueda ponerla bajo custodia e iniciar el procedimiento de deportación.

Tiene derecho a permanecer en silencio si el ICE lo contacta en la cárcel o en otra ubicación. Todo lo que diga al ICE puede ser contra usted. Además, facilitar información como su estado inmigratorio o su país de origen puede afectar a su caso de inmigración. Por este motivo, se recomienda que permanezca silencio y no firme ningún documento del ICE.

Una “detención” ordenada por el ICE (también llamada “orden”) es una solicitud de ICE donde se solicita que la cárcel lo mantenga en custodia por 48 horas más allá de su fecha esperada de liberación para que la agencia tenga tiempo de ponerlo bajo custodia e iniciar los procedimientos de deportación. Tiene derecho a saber si el ICE le ha impuesto una detención y se recomienda solicitar una copia de esta.

Es importante recordar que el ICE solo tiene 48 horas para ponerlo bajo custodia y es ilegal que la cárcel lo detenga durante más de 48 horas después de su fecha prevista de liberación. Si el ICE no lo pone bajo custodia durante esas 48 horas, debe ponerse en contacto con su abogado de inmigración, su familia y el director de la cárcel para exigir su liberación inmediata.

También es importante tener en cuenta que el ICE solo puede imponer una detención si tiene pruebas de que una persona no tiene estado legal en el país o de que los antecedentes penales de la persona la pondrían en riesgo de ser deportada. Si usted es ciudadano o tiene algún estado legal en este país (incluida la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estado temporal protegido (TPS) y la visa-U de acción diferida), debe hablar con un abogado de inmigración para determinar si la detención en su contra es válida.

Si tiene una detención ordenada por el ICE, será transferido al ICE para un procedimiento de deportación después de que salga de la cárcel. Esto se aplica incluso si paga su fianza penal. Será transferido inmediatamente al ICE y su caso penal seguirá pendiente. En algunos casos, sin embargo, el fiscal penal puede presentar una orden para que le devuelvan a la custodia local para terminar el caso penal. Esto solo suele ocurrir en casos de delitos graves.

Si usted es indocumentado, se aplica una detención ordenada por el ICE aunque se le declare inocente y se lo absuelva de todos los cargos penales. Una vez que el ICE haya determinado que usted no tiene estado legal, puede ponerlo bajo custodia para iniciar el procedimiento de deportación.

Las condenas penales, incluso por delitos relativamente menores, pueden tener graves consecuencias para la inmigración y es esencial entender estas consecuencias antes de firmar un acuerdo con la fiscalía o de ir a juicio. Para las personas sin estado inmigratorio legal, una condena puede afectar su capacidad para ser liberado bajo fianza mientras su caso de inmigración está pendiente y su capacidad para evitar la deportación o para regresar a los Estados Unidos.

Para las personas con estado legal en este país, las condenas penales pueden suponer la extinción de su estado legal y afectar a su capacidad para regresar de forma legal a Estados Unidos en el futuro. Incluso si la condena no lo convierte en deportable, una condena puede afectar a su capacidad para viajar al extranjero, convertirse en ciudadano o tener derecho a fianza mientras su caso de inmigración está pendiente ante el juez.

Es importante entender que las consecuencias para la inmigración de una condena penal duran toda la vida y la ley de inmigración ofrece muy pocas exenciones o indultos por conductas delictivas. Por esta razón, haga todo lo posible por evitar condenas problemáticas, no solo para evitar la deportación ahora, sino también para preservar la elegibilidad de regresar legalmente en el futuro (por ejemplo, a través de visados familiares o de trabajo).

La Corte Suprema ha declarado que las personas sin ciudadanía tienen derecho a conocer las consecuencias para la inmigración de una condena penal antes de firmar un acuerdo con la fiscalía o de ir a juicio. Su abogado penalista debe consultar con un abogado experto en inmigración para que le proporcione esta información. No basta con que su abogado penalista le advierta de que una condena podría afectar a su estado inmigratorio: debe ser informado de las consecuencias específicas de una condena concreta.

Hágale saber a su abogado penalista si le preocupa cómo una condena puede afectar su caso de inmigración para que sepa que esto es una prioridad. En algunos casos, puede ser posible que su abogado negocie con el fiscal penal para evitar, o al menos reducir, las consecuencias negativas de una condena penal en su caso de inmigración.

Una vez transferido a la custodia del ICE, es probable que sea llevado a una oficina local del ICE para su procesamiento inicial. Si usted tiene una orden de deportación final previa en su caso (frente a una salida o retorno voluntario), esa orden será “restablecida” y usted será automáticamente deportado sin ver a un juez. La única excepción es que exprese un temor creíble a regresar a su país de origen y solicite asilo.

Si no tiene una deportación anterior, el ICE iniciará un procedimiento de deportación y lo más probable es que lo trasladen a un centro de detención de inmigrantes. Una vez que esté en el centro de detención, puede solicitar que el juez de inmigración lo ponga en libertad bajo fianza (a menos que sus antecedentes penales lo hagan inelegible para la fianza) y continuar los procedimientos fuera del centro de detención. A diferencia de las fianzas penales, las fianzas de inmigración deben pagarse en su totalidad.

Si se deniega la fianza en su caso, se le exigirá que continúe su caso mientras esté detenido. Más información sobre posibles defensas contra la deportación está disponible en la sección titulada "Guía para inmigrantes detenidos: defensas de deportación".