Registro de órdenes de protección de Texas: Ley de Mónica

En 2019, la Legislatura de Texas estableció un registro de órdenes de protección: una base de datos centralizada en todo el estado que contiene los nombres de las personas cuyas órdenes de protección han sido presentadas y emitidas en su contra. Las solicitudes de orden de protección y las órdenes de protección registradas a partir del 15 de octubre de 2020 deben estar en el registro. Consulte los artículos 72.151-72.158 del Código de Gobierno de Texas.

El propósito del proyecto de ley era cerrar la brecha informativa entre los condados y las agencias de cumplimiento de la ley, prevenir instancias de violencia familiar a futuro y mantener una base de datos para alertar a las autoridades locales sobre la presentación o emisión de órdenes de protección previas en Texas. A su vez, creó y asignó tareas al personal de la corte (secretarios judiciales) para que registren y publiquen todas las órdenes de protección.

Se llama Registro de Órdenes de Protección de Texas (PROTECT) y se puede encontrar en protect.txcourts.gov. Está a cargo de la Oficina de Administración Judicial de Texas.

Entre las órdenes que deben registrarse se incluyen:

• las solicitudes de órdenes de protección,
• las órdenes de protección temporales ex parte,
• las órdenes de protección definitivas emitidas en virtud de el Código de Familia de Texas y el Código de Procedimiento Penal de Texas, y
• las órdenes de protección de emergencia de un magistrado.

La lista se ha expandido más allá de la violencia familiar para incluir todas las órdenes de protección y las órdenes de protección de emergencia de un magistrado contra la agresión sexual, el acoso, la trata de personas, el abuso ofensivo y los casos que implican sesgo o prejuicio.

Todas las solicitudes y órdenes de protección, incluidas las imágenes de las solicitudes y las órdenes efectivas, deben registrarse dentro de las 24 horas desde la emisión.

Tres tipos de usuarios pueden tener acceso al registro:

1. Los usuarios autorizados incluyen secretarios judiciales y otras personas que pueden enviar, modificar o eliminar registros del registro. Los usuarios autorizados tienen acceso a todos los registros.
2. Los usuarios restringidos incluyen fiscales de distrito y penales, fiscales del condado, fiscales municipales, personas designadas por el fiscal general y oficiales de policía. Los usuarios limitados pueden ver imágenes de las solicitudes y órdenes, y también información que los usuarios autorizados registraron.
3. El público tiene acceso al registro, pero solo si la víctima opta por que la información sea visible para el público. La información incluye el nombre de la persona demandada, el año de nacimiento, corte, condado, número del caso, raza/etnia, la fecha en la que se emitió la orden, la fecha en la que se notificó, la fecha en la que se anuló o la fecha en la que expiró la orden. El público NO tiene acceso a los documentos judiciales vigentes para solicitudes u órdenes , ni a ninguna información restringida o sellada. La persona protegida puede optar por eliminar el acceso público incluso después de otorgarlo. El público puede buscar en Buscar órdenes de protección.

Jamás se eliminará una orden de protección del sistema. Si se anuló o si expiró la orden, se señalará en el sistema, pero no se eliminará.

No. El público no tiene acceso a todas las solicitudes y órdenes presentadas en los tribunales.

La ley dice que la persona protegida debe solicitar y permitir que la corte conceda el acceso a la información al público, lo que significa que la persona protegida debe optar por autorizar que el público vea solo la información básica. La persona protegida también puede eliminar el acceso público a la información que había aceptado con anterioridad.

La creación del registro ahora permite que los usuarios limitados accedan a la información que no hubiesen podido ver antes. El registro funciona como alerta para las solicitudes y órdenes previas que se han presentado en otros condados. Permite que vean las solicitudes y órdenes con el fin de obtener más información sobre situaciones de violencia, amenazas y otros comportamientos alarmantes que ocurrieron en el pasado.

Si está en peligro inminente, comuníquese con el departamento de su policía local. Adviértales sobre el abuso, la amenaza, la violencia o el acoso, y presente una denuncia policial. Dígale al policía de su caso que usted sabe sobre el registro y quiere que accedan a este para saber si ya se ha presentado una orden de protección en contra de la persona que la está lastimando.

Si se han presentado órdenes de protección previas en contra de un abusador, esa información puede ser de ayuda para las autoridades policiales o los fiscales. Además, un abusador puede recibir sanciones más duras.

Para obtener una orden de protección, debe probar ante el tribunal que ocurrieron casos de violencia familiar. Esto se puede hacer mostrándole a la corte que su abusador ha sido violento con usted en el pasado reciente.

En general, esto se hace a través de una declaración jurada que se firma en presencia de un notario. En general, la corte querrá saber si usted fue víctima de abuso o amenazas en los últimos seis meses y de qué manera. Sin embargo, el abuso anterior a los seis meses también se puede utilizar. Lleve toda la evidencia que tenga, incluido fotos, mensajes o grabaciones. También puede tener testigos, personas que podrían haber visto sus lesiones o haber visto el abuso ellos mismos.

Si consigue una orden de protección, la corte puede obligar al abusador a permanecer lejos de usted, de su lugar de trabajo y de su hogar. La corte puede ordenar al abusador a actuar o abstenerse de actuar de cierta manera para prevenir más violencia.

Una orden de protección suele ser válida por dos años. Puede durar más en función de la gravedad del abuso y del tipo de orden de protección. La policía puede arrestar a los abusadores que violan órdenes de protección. Si necesita ayuda con una orden de protección, comuníquese con la oficina del fiscal local, el centro de violencia familiar, un abogado privado o el servicio de asistencia legal.