Leyes sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) protege los derechos de personas con discapacidad para que puedan tener acceso a instituciones y transporte público. La ADA aplica a edificios públicos, tanto oficinas gubernamentales y escuelas, como empresas privadas abiertas al público, centros comerciales, restaurantes, hoteles y estadios. La ADA cubre lo siguiente:

• Acceso a servicios: los servicios e instalaciones deber estar disponibles de igual forma para todos. Un restaurante que recibe a una persona con discapacidad debe brindar servicios iguales a los que reciben otros clientes. Las personas con discapacidades que dependen de animales de servicio deben ser admitidas.
• Transporte: las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de acceso al transporte público, como autobús, tren, metro y otros medios de transporte programados disponibles para el público en general.
• Empleo: los empleados con discapacidades están protegidos contra la discriminación laboral tanto en la contratación como en el empleo. Un empleador debe hacer adaptaciones razonables para un empleado con una discapacidad que esté calificado para realizar el trabajo. Las adaptaciones pueden incluir cambios en las tareas laborales, el entorno laboral y la accesibilidad al lugar de trabajo.

Las personas con discapacidades que reciben SNAP (cupones de alimentos) o TANF (asistencia monetaria para familias con niños) pueden estar exentas de los requisitos de trabajo del programa. Los veteranos pueden calificar para recibir asistencia monetaria y atención médica a través de la Administración de Veteranos. Las personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad pueden ser elegibles para recibir beneficios y asistencia médica a través de la Administración del Seguro Social. Los ancianos, los adultos y los niños con discapacidades graves pueden calificar para atención médica domiciliaria, equipo médico y otros servicios de Medicaid. El programa de ahorros de Medicare ayuda a los beneficiarios a pagar las primas y los copagos. Una persona cuya solicitud de beneficios públicos ha sido rechazada tiene el derecho legal de apelar.

• Vivienda: es ilegal rechazar el acceso a una vivienda o desalojar a una persona debido a una discapacidad. Una persona con discapacidad tiene el derecho a hacer uso y disfrutar de un espacio alquilado como cualquier otro inquilino. Se puede exigir a los dueños de propiedades que acomoden a las personas con discapacidades haciendo cambios físicos en un espacio habitable, como entradas más amplias, duchas accesibles y mostradores más bajos.
• Manutención de niños: un beneficiario de un SSI o Seguro Social que está incapacitado puede reducir los pagos de manutención de niños al someterse a una “revisión de dificultades” con la División de Manutención de Niños de la Oficina del Procurador General.
• Maltrato, negligencia y abuso financiero: el abuso físico o la negligencia de personas con discapacidades, niños o ancianos es un delito. Una orden de protección contra la violencia doméstica evita que el abusador se comunique con la persona protegida o corre el riesgo de ser arrestado. La explotación financiera implica delitos como el uso de las tarjetas de crédito o débito de una persona, la falsificación de cheques y el acceso a cuentas bancarias y financieras sin el permiso del propietario. Usar la identidad de otra persona (incluido el número de Seguro Social) también es ilegal. Un tutor de una persona con discapacidades que hace mal uso de la propiedad o el dinero de su pupilo puede ser procesado por abuso financiero.
• Educación: un niño diagnosticado con una discapacidad intelectual o de desarrollo tiene el mismo derecho a acceder a la educación pública en una escuela cercana a su hogar. Los padres pueden pedir que se evalúe a su hijo y, si se necesitan servicios especiales, pueden pedir que se incluyan en el plan educativo.
• Impuesto a las ganancias, impuestos a la propiedad, préstamos estudiantiles: una persona con una discapacidad permanente que tiene préstamos federales estudiantiles sin pagar podría calificar para una reducción en los pagos o una cancelación. Una persona que está incapacitada y no puede trabajar podría detener los esfuerzos de cobro por parte del Servicio de Impuestos Internos. Según el condado de residencia, los propietarios mayores de 65 o las personas con discapacidad pueden reducir o diferir los impuestos locales a la propiedad.